El procedimiento abreviado como confesión civil encubierta y renuncia tácita a la prescripción indemnizatoria

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La progresiva consolidación jurisprudencial sobre los efectos civiles del procedimiento abreviado exige especial cautela al momento de asesorar a una persona imputada que evalúa someterse a esta forma de terminación anticipada del proceso penal.

La aceptación de los hechos de la acusación suele percibirse como una decisión estratégica razonable cuando permite acceder a una rebaja relevante de pena, evitar la incertidumbre del juicio oral y obtener un cierre rápido del conflicto penal, que muchas veces no trae aparejado el cumplimiento efectivo de la sanción. Sin embargo, la evolución reciente de la jurisprudencia demuestra que esa aceptación puede proyectar consecuencias civiles directas en un futuro juicio indemnizatorio, impidiendo la alegación de prescripción extintiva e incluso operando como reconocimiento del derecho indemnizatorio de quien intervino en el proceso penal como víctima o querellante, de modo que la conveniencia del procedimiento abreviado no puede evaluarse exclusivamente en función del resultado penal previsible, especialmente en causas en que existe la posibilidad cierta de una posterior acción civil indemnizatoria.

En efecto, la Corte Suprema ha venido cincelando una clara línea jurisprudencial relativa a que la aceptación de los hechos en procedimiento abreviado constituye un antecedente probatorio de especial relevancia en sede civil, al estimar que dicha aceptación importa una “confesión extrajudicial de los ilícitos cometidos”, susceptible de ser valorada como medio de prueba suficiente para establecer la responsabilidad indemnizatoria del demandado. Este criterio ha permitido considerar que el reconocimiento efectuado en sede penal conserva eficacia jurídica directa en el proceso civil posterior, particularmente cuando se trata de acciones indemnizatorias deducidas por el Fisco de Chile en contra de imputados condenados por delitos económicos.

Así, en causa Rol 152.957-2022, la Corte Suprema estableció, con particular claridad, que la consignación de dinero realizada en sede penal por quien ha aceptado su participación en un delito de malversación de caudales públicos constituye un acto jurídicamente inequívoco de reconocimiento de responsabilidad civil, con aptitud suficiente para configurar renuncia tácita de la prescripción extintiva. El tribunal señala expresamente que “la consignación de dinero en una causa en que se es condenado por una malversación de caudales públicos, en la cual además se está aceptando ser el autor de tal ilícito es, de manera evidente, un hecho que reconoce tal responsabilidad”, agregando que los ejemplos previstos en el artículo 2494 del Código Civil, como el pago de intereses o la solicitud de plazo, tienen carácter meramente ilustrativo, “sin que hechos diversos, como los ocurridos en la especie en sede penal, puedan verse excluidos de ser considerados como una renuncia tácita”. De este modo, la sentencia amplía el alcance de la noción de reconocimiento del derecho del acreedor, afirmando que actuaciones realizadas con la finalidad de acceder a beneficios penales dentro del procedimiento abreviado pueden producir efectos civiles sustantivos autónomos, particularmente en materia de subsistencia de la acción indemnizatoria.

En la misma línea, la Corte Suprema ha precisado que la propia aceptación de los hechos en el procedimiento abreviado constituye por sí sola un acto suficiente para producir efectos en materia de prescripción de la acción civil derivada del delito, aun cuando no concurra una consignación de dinero u otra forma de reparación. En la causa Rol 149.582-2023, el máximo tribunal señaló que la demandada “aceptó los hechos y antecedentes de la investigación que la inculpaban para efectos de materializar un juicio abreviado, declaración que se erige como una confesión extrajudicial”, concluyendo a partir de ello que tal aceptación “configuró una renuncia a la prescripción de la acción civil derivada de los ilícitos cometidos en el año 2010”, de modo que entre ese reconocimiento y la interposición de la demanda “no transcurrió el plazo de prescripción contenido en el artículo 2332 del Código Civil”. Con ello, la sentencia refuerza la idea de que la aceptación de los hechos en sede penal abreviada no solo constituye un antecedente probatorio relevante en el juicio civil posterior, sino también un acto jurídico capaz de alterar el régimen de extinción de la acción indemnizatoria, al operar como manifestación inequívoca de reconocimiento del derecho del acreedor en los términos del artículo 2494 del Código Civil. Mismo criterio se reiteró en las causas Rol 16.073-2024 y 54.572-2024.

Este entendimiento no se ha mantenido únicamente en el nivel del máximo tribunal, sino que ha sido recogido de manera consistente por los tribunales de instancia. Así, en la causa Rol C-30.083-2019, el Décimo Juzgado Civil de Santiago sostuvo que el reconocimiento efectuado en sede penal debía estimarse como “confesión extrajudicial prestada en juicio diverso entre las mismas partes”, circunstancia que permitió tener por acreditada la responsabilidad civil del demandado en el proceso indemnizatorio posterior, criterio que fue posteriormente confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago al mantener la decisión que acogió la demanda deducida por el Fisco de Chile. De este modo, la jurisprudencia de los tribunales superiores ha comenzado a proyectarse de forma estable en la judicatura civil ordinaria, consolidando un estándar interpretativo según el cual la aceptación de los hechos en procedimiento abreviado produce efectos patrimoniales directos en sede indemnizatoria.

En este contexto, resulta indispensable que quien evalúa someterse a un procedimiento abreviado considere las implicancias civiles que pueden derivarse de dicha decisión. La aceptación de los hechos en sede penal no solo puede constituir confesión extrajudicial y reconocimiento del derecho del acreedor con efectos en materia de prescripción, sino que además facilita la interposición posterior de una acción indemnizatoria fundada en una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, la cual sirve como presupuesto suficiente para sustentar la responsabilidad civil en un procedimiento sumario de menor extensión y complejidad probatoria.

A ello se agrega que, conforme al artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, “no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”, de modo que el demandado queda impedido de controvertir en sede civil los hechos establecidos en la sentencia penal.

En tales condiciones, la decisión de aceptar los hechos en un procedimiento abreviado debe ser adoptada con plena conciencia de sus efectos extrapenales, particularmente cuando existe la posibilidad cierta de que la sentencia condenatoria sea posteriormente utilizada como fundamento directo de una acción indemnizatoria en su contra.